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Podem llegir a El Pais que les retallades del govern de l'estat han eliminat la dotació del programa Educa3, amb la qual cosa, disminueix l'atenció al alumnat potencial d'Infantil i ajuda a tornar encara més complicada la conciliació laboral-familiar. A continuació,el text de la noticia


El Gobierno no va a dejar ni un capítulo sin recorte. Incluidos los sociales, aunque afecten a sus ofertas del programa electoral y a sus planteamientos de defensa a ultranza de la familia y la maternidad —que padece “una violencia estructural”, según el ministro de Justicia—. El proyecto de las cuentas públicas rebaja los presupuestos de servicios básicos para favorecer un compromiso estrella del programa electoral PP en bienestar: la conciliación de la vida laboral y familiar. Las reducciones de fondos afectan a las tres patas imprescindibles para lograr ese equilibrio: corresponsabilidad de los hombres en las tareas de cuidado —se pospone la ampliación del permiso de paternidad— y servicios de atención para los niños y los mayores dependientes —cuyas dotaciones se reducen—.

“Impulsaremos la extensión de la educación infantil de cero a tres años para satisfacer las necesidades de conciliación por parte de las familias”, decía el programa electoral del PP. Lejos de hacer eso, el Ministerio de Educación ha eliminado el programa que desde 2008 estaba destinado a crear plazas para menores de tres años, Educa3, que el año pasado contó con un presupuesto de 100 millones de euros —tenía que renovarse en 2012 y no va a ocurrir—. La explicación que este miércoles dio la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, es que la situación económica ha obligado a fijar unas prioridades que han dejado fuera ese programa, entre otros. La enseñanza para menores de tres años es una etapa más “asistencial” que educativa, dijo Gomendio. Y, aparte de que multitud de expertos no están en absoluto de acuerdo con esa afirmación, el hecho es que ese impulso de las plazas de cero a tres años se detiene, ya que no existe ninguna partida similar en el área de Servicios Sociales.

Solo existen tres plazas por cada 10 niños menores de tres años
El programa Educa3 nació en 2008 con la intención de crear 300.000 nuevas plazas públicas de calidad para menores de tres años, que era más o menos la oferta desatendida que se calculó entonces. Al final de 2010, solo se habían creado 71.000 plazas, por lo que aún queda mucha demanda por cubrir, pues con los recortes autonómicos no es muy probable que en 2011 se acelerase el proceso. Tomando las cifras de población de 2011 y los datos de alumnado matriculado del curso 2010-2011, el resultado es que hay plazas públicas es escuelas infantiles para atender al 15% de los niños menores de tres años, y, si se cuenta la privada, el porcentaje se dobla, llega al 30%.

El tajo presupuestario en Educación puede afectar incluso a las familias numerosas. Entre los 166 millones de rebajas en las becas a estudiantes, el Gobierno ha recortado la partida destinada a la gratuidad o reducción del precio de la matrícula universitaria para familias numerosas de tres hijos. El año pasado, este apartado tenía una partida propia de 30 millones de euros, pero en 2012, se colocan dentro de la partida general de exención de matrícula para becarios, sin que haya aumentado el monto de esta, por lo que por un lado o por otro se pierden esos 30 millones.

El PP prometió extender la educación infantil en esta legislatura
El presupuesto para escuelas infantiles cae, y también lo hace la ampliación del tiempo remunerado destinado a que los padres trabajadores atiendan a sus bebés. Tendrá que esperar. El Ejecutivo ha decidido aplazar hasta el 1 de enero de 2013 la ampliación de dos a cuatro semanas de este permiso por nacimiento de hijo, adopción o acogida. Se trata de la segunda prórroga, ya que, pese a que la extensión debía haber entrado en vigor en enero de 2011, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo pospuso un año.

Esta medida se ha tomado casi de puntillas —figura en la Disposición Final Undécima del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2012 presentados este martes—. En su programa, el PP ya se tentaba la ropa. Proponía ampliar este permiso “de forma acompasada a la mejora de la situación económica general, estableciendo un periodo mínimo obligatorio”. Desde marzo de 2007, la Ley de Igualdad reconoció a los padres una licencia por nacimiento de hijos, independiente del de la madre, de 13 días sumados a los dos que ya existían por tener un bebé. Era un derecho pensado para avanzar en la corresponsabilidad de hombres y mujeres en las tareas de cuidado. La falta de un reparto equilibrado en estas tareas actúa como un freno en el acceso de la mujer al empleo y especialmente si es en jornada completa. Tal como reconoce el PP en su programa electoral, “la mayor carga de las dificultades de conciliación laboral y familiar sigue recayendo en la mujer” y estos obstáculos son, según los populares, “la principal barrera que impide lograr la plena igualdad entre hombres y mujeres”.


Se supone que este será el último año que se aplaza la efectividad de la medida. Y es que a Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados aprobó en marzo por unanimidad un texto pactado por el PP y UPyD en el que pide al Gobierno que no vuelva a retrasar la entrada en vigor de la ampliación a cuatro semanas del permiso de paternidad más allá del 1 de enero de 2013. El año pasado lo tomaron 269.715 padres. La cuantía que percibe el progenitor que esté dado de alta en la Seguridad Social es el 100% de la base reguladora del salario —que incluye conceptos como nocturnidad, complementos de puesto, dietas y todos los particulares que cada trabajador tenga asignado por nómina—.

La atención a los dependientes (niños, ancianos, discapacitados) ha recaído tradicionalmente en las familias, sobre todo en las mujeres, por tanto, recortar en este capítulo no ayuda en nada a la conciliación laboral y personal. Pues bien, la financiación de la dependencia ha sufrido un recorte de 283 millones de euros, una partida entera que cada año se destinaba a las comunidades para la dependencia. Tratándose de un sistema ya insuficientemente financiado, muchas comunidades pasarán aún más estrecheces para atender a los beneficiarios, máxime si se trata de prestar cuidados profesionales, más caros, pero los que, en la práctica, ayudarían a las mujeres a permanecer en el mercado laboral. Y finalmente, tener un trabajo y un salario supone en sí mismo una ayuda a la maternidad. La propia Ley de Dependencia, en su exposición de motivos, reconoce que la incorporación de la mujer al trabajo remunerado hace necesaria la revisión de los cuidados de dependientes en casa.


Pero el déficit público de las comunidades prácticamente ha paralizado en los últimos meses el desarrollo del sistema. Este recorte de 283 millones, que incide directamente en los recursos que manejan las autonomías podría, a decir de los expertos, incidir aún más en esa parálisis que ya afecta a alrededor de 300.000 personas que, con el derecho reconocido, aún esperan por su ayuda.

“Estas cuentas públicas suponen un retroceso terrible. No habrá conciliación”, afirma la socióloga Constanza Tobío, experta en conciliación. “Volverá a ser un tema de segunda fila, como en los años ochenta del pasado siglo”, prosigue esta catedrática de la Universidad Carlos III. “Además, se está rompiendo el modelo puesto en marcha en los últimos ocho años, en el que la conciliación y la igualdad iban de la mano”, lamenta.



Llegim a Levante-EMV:

EFE/LEVANTE-EMV.COM El pleno de Les Corts Valencianes ha rechazado hoy, con los votos en contra del PP, una iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada por el grupo Compromís con el aval de 66.000 firmas para crear una red pública de escuelas infantiles para la población de 0 a 3 años.

El grupo popular ha suscrito el dictamen contrario que emitió el Gobierno valenciano sobre esta iniciativa argumentando que la red "ya existe" y forma parte del sistema educativo público valenciano, según ha expuesto la diputada Rosa María Barrieras en la sesión plenaria.

Esta es la tercera ocasión en que el Parlamento valenciano discute una ILP, según ha remarcado la portavoz adjunta del grupo Compromís Mónica Oltra, quien ha lamentado que el president de la Generalitat, Alberto Fabra, no haya estado presente para participar en su debate.

Oltra, que ha subido a la tribuna de oradores con una camiseta con el lema "Nos falta dinero, nos sobran chorizos", ha subrayado la importancia que tiene la escolarización infantil en el desarrollo personal y en el ámbito socioeconómico de un país, atendiendo a los criterios de organizaciones internacionales como Unicef.

No obstante, en la Comunitat Valenciana solo el diez por ciento de los niños tiene la posibilidad de acceder gratuitamente a este tramo educativo; el resto tiene que pagar entre 300 y 400 euros al mes para asistir a un centro privado, un "lujo que la mayoría de las familias no se puede permitir", ha criticado la diputada.

Si no hay demanda suficiente, como apunta el Consell, es porque "nadie" se puede permitir pagar esta cantidad, ha señalado Oltra, quien ha acusado a los diputados del PP de alimentar la desigualdad y de ofrecer una sola opción a los ciudadanos: "Quien quiera educación, que se la pague".

En este mismo sentido, la diputada de Esquerra Unida Ester López ha señalado que la demanda "no es real" porque "los ciudadanos no pueden pagar", cuando además los precios se incrementan cada año.

"La educación pública no es una prioridad para el Consell", ha lamentado por su parte Modesta Salazar (PSPV), quien ha acusado al PP de derivar la inversión educativa hacia los centros privados de carácter religioso.

Barrieras ha asegurado que el sistema educativo cuenta con una oferta de plazas suficiente para este tramo, y ha señalado que ahora "no es el momento de construir infantiles que luego hay que equipar", puesto que no hay "dinero para hacerlo".

"¿Quieren que el dinero vaya a infraestructuras que luego estarán vacías?", ha preguntado la diputada popular.



Com ja sabem, no és únicament secundària, sinó el conjunt del sistema educatiu el que està sent atacat. Hui, en Levante-EMV apareix la següent notícia sobre les protestes de les escoles infantils:




EFE, VALENCIA Trabajadores de los Centros de Enseñanza Infantil de la Comunitat Valenciana y padres con sus hijos se han concentrado hoy frente a la Conselleria de Educación para denunciar los impagos del Bono Infantil desde septiembre del pasado año, una deuda que asciende a cerca de nueve millones de euros.

Alrededor de cuatrocientas personas, según han señalado a EFE fuentes de algunos centros, han participado en la protesta, en la que portaban carteles con frases como "Cortando las ayudas, cortas nuestro futuro" o pidiendo que no quiten a los niños el "Derecho de una buena educación".

La consellera de Educación, María José Catalá, ha afirmado en un encuentro con periodistas que el Gobierno valenciano está elaborando un calendario de pagos y que realizar los pagos adeudados es una de sus "máximas prioridades". Según ha indicado, el bono infantil "va a continuar" pero bajo el criterio "de la familia que más lo necesite", y ha advertido de que "nada va a ser lo que era".

Ha recordado que se ha producido un incremento importante de las ayudas del bono infantil, que ha pasado de 40 euros en el año 2004 a los 160 euros de la actualidad. La Comunitat Valenciana tiene en la actualidad alrededor de 700 escuelas infantiles, de las que 270 han sido convocadas a esta concentración de protesta.

Durante la protesta, los directores de las Escuelas Infantiles han presentado en el registro de Consellería escritos con las firmas de los padres y madres de los niños de cero a tres años que acuden a los centro reclamando el pago de las cantidades del Bono Infantil.

Amparo Castilla, de la Escuela Infantil Xip i Xop, ha explicado que la Generalitat les adeuda esta ayuda desde el pasado mes de septiembre, seis meses que elevan la cantidad económica en el total de centros a los nueve millones de euros. Según Castilla, el bono infantil supone una cantidad media de cien euros, ya que abarca desde los 65 a los 180 euros, "un dinero al que muchos padres, debido a la crisis económica, no pueden hacer frente".

En el caso de su Escuela Infantil, Amparo Castilla ha explicado que han tenido que despedir al personal de limpieza y cocina del centro, servicios de los que se han tenido que hacer cargo ellos, "porque no podemos pagarles".

Según fuentes de la Unión de Cooperativas de la Enseñanza valenciana (UCEV) han informado de que en los tres últimos años esta ayuda "se ha visto recortada considerablemente" lo que ha supuesto "un incremento del precio final de la mensualidad". Pero este aumento, según señalan, no ha repercutido a las familias porque las escuelas infantiles no han modificado los precios al entender que muchas familias no podrían asumir al diferencia, lo que hubiera obligado a muchos alumnos a interrumpir su educación preescolar.

Según UCEV, la situación de estos centros se "agrava" por el hecho de que muchas de estas escuelas infantiles han dejado de percibir también los denominados cheques escolares que abonan los ayuntamientos para ayudar a subvencionar el servicio escolar en sus municipios.

La directora de la Escuela Infantil Nazaret, Amparo Carpena, ha explicado a EFE que son los propios centros los que están asumiendo los gastos ante el impago de la Generalitat, aunque algunos padres se han ofrecido a adelantarles el dinero del bono. Carpena ha señalado que en su centro no se han realizado despidos porque al ser una Escuela reconocida por la Consellería de Educación "se nos exige una serie de profesionales a los que no podemos despedir. Tenemos que dar una calidad en la enseñanza, pero para ello necesitamos que se abone el bono infantil".