Evolución histórica de la relación entre el número de alumnos y el de profesores en el IES L'ELIANA

Llegim a "El País":

La puntilla para que los docentes del sistema educativo público se decidieran por la huelga general la dio el Gobierno de Rajoy el viernes, con la aprobación de un real decreto de medidas de recortes circunscritos al ámbito educativo, que aumentan las horas lectivas y congelan la contratación de profesores. Casi la mitad del profesorado valenciano, más de 20.000 docentes han respondido con un “sí, a la huelga” en la consulta convocada en abril en 1.400 centros escolares públicos por los cinco sindicatos educativos.

La encuesta pretendía conocer las medidas de presión que el profesorado está dispuesto a realizar en protesta por los recortes aprobados tanto por la Generalitat en enero (que dejarán fuera a 3.000 interinos) y rebajan la nómina docente entre 300 euros y 3.000 al año, como por los impuestos a las comunidades autónomas por el Gobierno central. Estas últimas medidas decretan, además, la congelación de la oferta de plazas docentes en el sector público, la no sustitución de vacantes por jubilación o enfermedad (si no superan los 10 días) y la subida de horas lectivas.

Los cinco sindicatos de la enseñanza pública en bloque —CC OO, STEPV, Fete-UGT, Anpe y Csif— han pedido ya una reunión con la consejera de Educación, María José Catalá, para pedirle que “ponga fin a los recortes en la enseñanza” y “no aplique las medidas del Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros el viernes”.

La pelota está ahora en manos de la Generalitat. “La consejera tiene en sus manos la posibilidad real de evitar que prosiga la conflictividad en el sistema educativo valenciano”.

De no mover ficha, la Generalitat se enfrenta a seis jornadas intermitentes de huelga los días 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de mayo y concentraciones en las tres capitales desde el día del inicio de la huelga. Este primer resultado forma parte de un referéndum más amplio para el 10 de mayo, convocado por los sindicatos de la Función Pública, entre los 123.000 empleados de la Generalitat.

Al blog del MSEPA han fet una bona recopilació de com queda el sistema educatiu després de les mesures del govern de l'estat.

En 1995, en  EEUU, se emitía un capítulo de  la sexta temporada de los Simpson, "La boda de Lisa" , que situaba la acción en 2010. En él sus guionistas (con Greg Daniels a la cabeza ), predecían un futuro que ya no es tal, y así podíamos ver desde televisión por satélite  para todo el mundo a videojuegos controlados con los movimientos, pasando naturalmente por la masificación en las aulas.

Y más de quince años después, ese futuro está aquí. De la mano de Wert llegaremos a la masificación de que nos hablaban los Simpson, aliñada ahora con un aumento en las horas lectivas del profesorado,  pero eso sí, "sin merma en la calidad educativa",  "no inciden sobre la cobertura y la calidad de la educación y no afectan a la equidad" (Wert dixit).

Pero, ¿cuál es la realidad? ¿qué consecuencias derivan de esta situación?  Nosotros no vamos a predecir ningún futuro porque desgraciadamente algunas de las comunidades gobernadas por el PP están sufriendo ya algunas. (Informe de FAPAS Giner de los Ríos sobre la situación en la Comunidad de Madrid en 2011)

Leemos en Soy Pública, -de dónde procede el informe de FAPAS-, un resumen de lo que está siendo, y va a ser, si  no #nosmovemos y no salimos a la calle  a tratar de detener semejante despropósito.


Consecuencias directas que afectan al alumnado

    Desaparición de clases de Refuerzo, Compensatoria, Desdobles.

    Riesgo de desaparición de tutorías, que dejarán de ser prioritarias a la hora de ajustar, y ahorrar, horario/profesorado, con el consiguiente perjuicio al alumnado,  y muy especialmente si afecta a alumnado de ESO.

    El necesario ajuste de plantillas llevará a que profesorado no especialista imparta materias afines (información sobre la situación en  la Comunidad de Madrid, en Soy Pública)

    Para el próximo curso, a esta situación de las afines, se sumará la novedad, (medida estructural y definitiva, por tanto), de que hasta transcurridos diez días las bajas de profesorado no van a ser cubiertas con sustituciones, así que se perderán clases, no se avanzará materia o se darán situaciones similares a las de las afines:  profesorado no especializado para atender al alumnado.

    El aumento de ratio (20% más), irá en perjuicio de la equidad y compensación educativa. ¡Se pasará de 27 a 30 en Primaria y de 30 a 36 en Secundaria obligatoria! Con ese aumento, en muchos centros el espacio físico de las aulas ni siquiera responderá a la legalidad, establecida actualmente en un mínimo de 2 metros cuadrados por puesto escolar (Real Decreto de 132/2010 de 12 de febrero), y traerá problemas a la hora de organizar aulas, distribución de grupos....


    Recortes y falta de personal repercutirá en actividades (Biblioteca, extraescolares...), fuera del horario escolar.

    Que se suspenda la obligatoriedad de que los centros ofrezcan al menos dos de las  tres modalidades existentes en el Bachillerato originaría un auténtico caos en los centros públicos, y escaso o nulo ahorro, pero sí puede favorecer a los centros privados concertados pequeños.  Por otra parte, imaginar un centro sólo de "Letras" o sólo de "Ciencias",  hacia dónde quiere dirigirnos la política de Wert, es imaginar un monstruo: la diversidad de profesorado es una necesidad ineludible para una formación completa del alumnado.  Esta medida se plantea  también como estructural.  Y de cara al alumnado puede suponer:


         La obligación de cambiar de centro al desaparecer el itinerario elegido o bien, por razones sociofamiliares,  hacer una especialidad  que a priori no le interesaba. 


    Imaginar un centro sólo de "Letras" o sólo de "Ciencias",  hacia dónde quiere dirigirnos la política de Wert, es imaginar un monstruo: la diversidad de profesorado es una necesidad ineludible para una formación completa del alumnado. Medida que se plantea como estructural, para siempre, no como en otras consideradas "coyunturales".

    Que se retrase la implantación de los ciclos LOE -de dos cursos-, de Grado Medio y Superior de  FP, afectará también a miles de alumnos/as



Manel Fondevila


Consecuencias para el profesorado (y la ciudadanía)


        La más inmediata, la pérdida de puestos de trabajo. Sólo en Asturias están en el aire unos 2.000 puestos de trabajo ("La Voz de Asturias"), número similar al que, según "Soy Pública" no se contrataron este curso, con la implantación ya de 20 horas lectivas, en la Comunidad de Madrid. La prensa daba datos ayer ("El diario de Cádiz"), 16 de abril, de lo que supondría en pérdidas de puestos de trabajos una hora lectiva más: "1 hora, 600 profesores menos"

        El evidente aumento de horario lectivo, de alumnado y, por lo tanto, de carga de trabajo. La semana de trabajo será la misma, 37,5 horas, pero naturalmente se tendrá menos tiempos para otras actividades relacionadas con la calidad de la enseñanza. Apuntan en "Soy Pública" que, tal y como se estuvo aplicando el aumento de horas lectivas en la Comunidad de Madrid, sin modificación de la Ley los nuevos horarios pueden vulnerar la legalidad vigente y, por tanto, vulnerar derechos del profesorado. (Incluyen en el blog documentación para comprobar si el horario individual aplicado en el curso 2011-2012 en la Comunidad de Madrid presenta irregularidades)

        Los colegios privados concertados se verán favorecidos tanto por el aumento de ratio ("En un colegio grande y que tiene demanda, el aumento de alumnos en las aulas facilita que más familias puedan traer a sus hijos con nosotros" ), como por la desaparición de la obligación de ofrecer dos de las tres modalidades de bachiller  (Ahora bien, nos favorece a los centros pequeños el no tener que ofertar dos bachilleratos porque reduces el gasto en horas lectivas), -Comentarios en La Nueva España del claretiano gijonés Manuel Tamargo Rodríguez, vicepresidente de Escuelas Católicas, la principal patronal en la educación concertada-.

Pero, no olvidemos que estas últimas medidas para ahorrar 3.000 euros en Educación  no son las únicas que  el PP viene planteando y/o aplicando ya. Por recordar algunas:


    * En Educación Infantil:

Ataque frontale a la Educación en la etapa 0-3, considerada asistencial,  y no educativa, como reconoce la  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo de Educación  (Establecía un marco en el que la Educación infantil se constituye como etapa educativa con identidad propia que atiende a niños y niñas desde el nacimiento hasta los 6 años y se ordena en dos ciclos: el primero comprende hasta los 3 años y el segundo desde los 3 hasta los 6 años de edad)
Desaparece el plan de creación de plazas de escuelas infantiles para menores de tres años que tenían que renovarse en 2012.  (Si se considerara completamente educativa, "habría que proveerla con con maestros y otros profesionales, lo que encarecería su dotación", palabras de la  secretaria de Estado de Educación, Universidades y FP, Montserrat Gomendio)

    *  Secundaria, FP, Universidad

 Se suspenden la mayoría de los programas de cooperación con las CCAA. Se eliminan 10 de 17.

Se elimina  casi todo el dinero que se daba a las CCAA para poner en marcha la recién creada plataforma de FP a distancia,

Desaparece el programa Escuela 2.0.

Programa de becas para estudios  de idiomas en el extranjero: Reducción de un 50%  en las becas dirigidas a estudiantes universitarios y no universitarios (de un presupuesto de 50 millones se pasa a 24,4 en 2012). Reducción de un 70% en las becas para el profesorado.

Supresión de préstamos renta universitarios  (que de crédito 0% habían pasado ya al 5%). Se suprimen pues los créditos para estudios de postgrado, máster y doctorado. Además se introduce el requisito de mérito académico en la obtención de préstamos.

Subida de tasas universitarias. Wert plantea que se suba del 15%  al 25% y podrían subir hasta 540 euros; además el sistema penalizará a los repetidores que tendrán que pagar hasta  el 100%  (El País)

Medidas que favorecen la concertación de centros privados (a los que, recordemos, en algunas comunidades -Madrid, Murcia, La Rioja-, y a pesar de los recortes en la educación pública se les ha aumentado la subvención): 

    La reforma que se plantea para Secundaria y Bachiller (3 cursos de Secundaria común + 3 de Bachillerato o Formación Profesional de Grado Medio), manteniendo la obligatoriedad hasta los 16, abre las puertas a la concertación del Bachillerato, algo en lo que, como es habitual, ya plantean Esperanza Aguirre y Lucía Figar para Madrid.

    También Madrid es pionera en poner en práctica lo que Wert anunciaba ya en su comparecencia en el Congreso  al plantear las líneas generales de su ministerio: la libertad de elección de centros (...El segundo pilar, el de la libertad de enseñanza, comprende a su vez, por una parte, el derecho de la iniciativa social a participar, mediante la creación y dirección de centros docentes, en la tarea educativa. Y, por otra parte, la libertad de elección del tipo de educación y el centro docente por parte de las familias, una libertad cada vez más apreciada por los ciudadanos...)  Madrid es ya distrito único.

     Otra novedad que podría extenderse y en la que la comunidad madrileña vuelve a ser pionera está en el baremo para acceder al centro solicitado: no importará ya el nivel de renta (salvo quienes tengan la renta mínima de inserción), pero sí contarán las calificaciones. en secundaria para el acceso al Bachillerato (hasta 10 puntos para una media de sobresaliente en 4 ESO):  Los centros de élite a la vuelta de la esquina...

Podem llegir a El Pais que les retallades del govern de l'estat han eliminat la dotació del programa Educa3, amb la qual cosa, disminueix l'atenció al alumnat potencial d'Infantil i ajuda a tornar encara més complicada la conciliació laboral-familiar. A continuació,el text de la noticia

El Gobierno no va a dejar ni un capítulo sin recorte. Incluidos los sociales, aunque afecten a sus ofertas del programa electoral y a sus planteamientos de defensa a ultranza de la familia y la maternidad —que padece “una violencia estructural”, según el ministro de Justicia—. El proyecto de las cuentas públicas rebaja los presupuestos de servicios básicos para favorecer un compromiso estrella del programa electoral PP en bienestar: la conciliación de la vida laboral y familiar. Las reducciones de fondos afectan a las tres patas imprescindibles para lograr ese equilibrio: corresponsabilidad de los hombres en las tareas de cuidado —se pospone la ampliación del permiso de paternidad— y servicios de atención para los niños y los mayores dependientes —cuyas dotaciones se reducen—.

“Impulsaremos la extensión de la educación infantil de cero a tres años para satisfacer las necesidades de conciliación por parte de las familias”, decía el programa electoral del PP. Lejos de hacer eso, el Ministerio de Educación ha eliminado el programa que desde 2008 estaba destinado a crear plazas para menores de tres años, Educa3, que el año pasado contó con un presupuesto de 100 millones de euros —tenía que renovarse en 2012 y no va a ocurrir—. La explicación que este miércoles dio la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, es que la situación económica ha obligado a fijar unas prioridades que han dejado fuera ese programa, entre otros. La enseñanza para menores de tres años es una etapa más “asistencial” que educativa, dijo Gomendio. Y, aparte de que multitud de expertos no están en absoluto de acuerdo con esa afirmación, el hecho es que ese impulso de las plazas de cero a tres años se detiene, ya que no existe ninguna partida similar en el área de Servicios Sociales.

Solo existen tres plazas por cada 10 niños menores de tres años
El programa Educa3 nació en 2008 con la intención de crear 300.000 nuevas plazas públicas de calidad para menores de tres años, que era más o menos la oferta desatendida que se calculó entonces. Al final de 2010, solo se habían creado 71.000 plazas, por lo que aún queda mucha demanda por cubrir, pues con los recortes autonómicos no es muy probable que en 2011 se acelerase el proceso. Tomando las cifras de población de 2011 y los datos de alumnado matriculado del curso 2010-2011, el resultado es que hay plazas públicas es escuelas infantiles para atender al 15% de los niños menores de tres años, y, si se cuenta la privada, el porcentaje se dobla, llega al 30%.

El tajo presupuestario en Educación puede afectar incluso a las familias numerosas. Entre los 166 millones de rebajas en las becas a estudiantes, el Gobierno ha recortado la partida destinada a la gratuidad o reducción del precio de la matrícula universitaria para familias numerosas de tres hijos. El año pasado, este apartado tenía una partida propia de 30 millones de euros, pero en 2012, se colocan dentro de la partida general de exención de matrícula para becarios, sin que haya aumentado el monto de esta, por lo que por un lado o por otro se pierden esos 30 millones.

El PP prometió extender la educación infantil en esta legislatura
El presupuesto para escuelas infantiles cae, y también lo hace la ampliación del tiempo remunerado destinado a que los padres trabajadores atiendan a sus bebés. Tendrá que esperar. El Ejecutivo ha decidido aplazar hasta el 1 de enero de 2013 la ampliación de dos a cuatro semanas de este permiso por nacimiento de hijo, adopción o acogida. Se trata de la segunda prórroga, ya que, pese a que la extensión debía haber entrado en vigor en enero de 2011, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo pospuso un año.

Esta medida se ha tomado casi de puntillas —figura en la Disposición Final Undécima del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2012 presentados este martes—. En su programa, el PP ya se tentaba la ropa. Proponía ampliar este permiso “de forma acompasada a la mejora de la situación económica general, estableciendo un periodo mínimo obligatorio”. Desde marzo de 2007, la Ley de Igualdad reconoció a los padres una licencia por nacimiento de hijos, independiente del de la madre, de 13 días sumados a los dos que ya existían por tener un bebé. Era un derecho pensado para avanzar en la corresponsabilidad de hombres y mujeres en las tareas de cuidado. La falta de un reparto equilibrado en estas tareas actúa como un freno en el acceso de la mujer al empleo y especialmente si es en jornada completa. Tal como reconoce el PP en su programa electoral, “la mayor carga de las dificultades de conciliación laboral y familiar sigue recayendo en la mujer” y estos obstáculos son, según los populares, “la principal barrera que impide lograr la plena igualdad entre hombres y mujeres”.


Se supone que este será el último año que se aplaza la efectividad de la medida. Y es que a Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados aprobó en marzo por unanimidad un texto pactado por el PP y UPyD en el que pide al Gobierno que no vuelva a retrasar la entrada en vigor de la ampliación a cuatro semanas del permiso de paternidad más allá del 1 de enero de 2013. El año pasado lo tomaron 269.715 padres. La cuantía que percibe el progenitor que esté dado de alta en la Seguridad Social es el 100% de la base reguladora del salario —que incluye conceptos como nocturnidad, complementos de puesto, dietas y todos los particulares que cada trabajador tenga asignado por nómina—.

La atención a los dependientes (niños, ancianos, discapacitados) ha recaído tradicionalmente en las familias, sobre todo en las mujeres, por tanto, recortar en este capítulo no ayuda en nada a la conciliación laboral y personal. Pues bien, la financiación de la dependencia ha sufrido un recorte de 283 millones de euros, una partida entera que cada año se destinaba a las comunidades para la dependencia. Tratándose de un sistema ya insuficientemente financiado, muchas comunidades pasarán aún más estrecheces para atender a los beneficiarios, máxime si se trata de prestar cuidados profesionales, más caros, pero los que, en la práctica, ayudarían a las mujeres a permanecer en el mercado laboral. Y finalmente, tener un trabajo y un salario supone en sí mismo una ayuda a la maternidad. La propia Ley de Dependencia, en su exposición de motivos, reconoce que la incorporación de la mujer al trabajo remunerado hace necesaria la revisión de los cuidados de dependientes en casa.


Pero el déficit público de las comunidades prácticamente ha paralizado en los últimos meses el desarrollo del sistema. Este recorte de 283 millones, que incide directamente en los recursos que manejan las autonomías podría, a decir de los expertos, incidir aún más en esa parálisis que ya afecta a alrededor de 300.000 personas que, con el derecho reconocido, aún esperan por su ayuda.

“Estas cuentas públicas suponen un retroceso terrible. No habrá conciliación”, afirma la socióloga Constanza Tobío, experta en conciliación. “Volverá a ser un tema de segunda fila, como en los años ochenta del pasado siglo”, prosigue esta catedrática de la Universidad Carlos III. “Además, se está rompiendo el modelo puesto en marcha en los últimos ocho años, en el que la conciliación y la igualdad iban de la mano”, lamenta.

Una professora del departament de física i química i altra del de dibuix estan en la actualitat de baixa per malaltia amb una duració probable de 30 a 45 dies. A més un professor del departament de física i química gaudeix d’un permís concedit per la Conselleria d’Educació.

A dia d’avui cap dels tres professors ha sigut substituït.

«Los docentes darán veinte clases a la semana para ahorrar 48 millones»


La consellera de Educación incentivará a los profesores que den refuerzo en julio 

María José Catalá (Valencia, 1981) afronta el reto de reestructurar el sistema educativo valenciano para que el próximo mes de septiembre arranque un nuevo modelo basado en dos premisas: «Optmimizar los recursos y atajar el fracaso escolar». Para entonces habrá nuevo calendario escolar y entrará en vigor el decreto de plurilingüismo.

—¿Resulta sostenible mantener el actual volumen de gasto de la educación pública?

—Es complicado, pero necesario. El Gobierno nos va a exigir ajustes para ser más eficientes, pero la educación es uno de los pilares del estado del bienestar que el PP está intentando preservar de cualquier tipo de recorte. Pero en esta Comunidad se ha demostrado que dotar más recursos no implica mejores resultados. Somos la autonomía que porcentualmente más presupuesto destina a educación y ello no ha mejorado las cifras de abstentismo y fracaso escolar.

—¿Cómo se pueden optimizar los recursos?

—A base de eficiencia y eficacia y con ideas concretas que prentendemos consensuar con la comunidad educativa. Por ejemplo, hemos impulsado una central de compras para todos los centros y que la Conselleria efectúe los pagos directamente para obtener mejores precios y ahorrar en suministros diarios.

—¿Cuál es el compromiso de su Conselleria para recudir el gasto y hacer más con menos, como plantea el presidente de la Generalitat?

—En materia de personal hemos plateado a los sindicatos que los docentes cumplan las dieciocho horas semanales efectivas, que hasta ahora no se están cumpliendo porque las clases suelen ser de cincuenta o cincuenta y cinco minutos. Si al final dan veinte clases a la semana, nos permitirá dejar de contratar el próximo curso a 1.200 docentes y ahorrar con ello 48,3 millones de euros.

—¿Es el capítulo de personal el principal problema de la Conselleria?

—En la actualidad tenemos una plantilla de 52.000 docentes en la enseñanza pública y 15.000 en la concertada, con un coste anual de 2.500 millones de euros. El paro ha propiciado una mayor permanencia de los alumnos en el sistema educativo. El próximo curso se matricularán un once por ciento más de estudiantes en Formación Profesional y otro cinco por ciento en Bachillerato. Este crecimiento nos obligaría a contratar llos 1.200 docentes a los que antes me refería. Si la actual plantilla hace sus dieciocho horas efectivas no tendremos que contratar a seiscientos maestros para Primaria y otros tantos para Secundaria, al menos en su totalidad, porque si es necesario realizar alguna contratación la haremos.

—¿Han decidido ya recoger el guante de las asociaciones de padres que reclaman que el curso se extienda hasta el mes de julio?

— Hay un borrador de calendario escolar que comenzará a aplicarse en septiembre y recoge una reivindicación histórica de los padres para que haya un refuerzo en julio. Una sentencia nos avala para tomar esa medida. Ahora tenemos que articular cómo y quién imparte esos refuerzos y qué contraprestaciones obtienen a cambio.

—¿Y cuáles serán?

—Los docentes podrán obtener puntos para las comisiones de servicio, para solicitar sus traslados o para su futura plaza fija y, de esa forma, mejorar sus condiciones laborales.